LA DESAMORTIZACIÓN

Proceso político y económico de larga duración en España (1766-1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales (rentas de variado origen y naturaleza), y al patrimonio artístico y cultural (edificios conventuales, archivos y bibliotecas, pinturas y ornamentos) de las instituciones afectadas.

La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos.

Una primera etapa (1766-1798) comprende la venta de bienes de los jesuitas y la denominada desamortización de Manuel Godoy (bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cofradías). La segunda fase (1808-1823) corresponde a la desamortización impulsada durante la guerra de la Independencia por la administración bonapartista y por los legisladores reunidos en Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos). En la tercera etapa (1834-1854), conocida como desamortización de Mendizábal y Espartero, se procede al sistemático despojo patrimonial de la Iglesia, y a la desaparición de monasterios y conventos. La cuarta fase (1855-1924) se inaugura con la Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz y es por duración y volumen de ventas la más importante. Se completa la enajenación de los bienes de regulares y seculares.

Durante el siglo XIX se producen en el mundo una serie de transformaciones que se han dado en llamar la Revolución Industrial, dichos cambios serán de tal envergadura que trastocaron gran parte de las estructuras económicas y sociales existentes. En el caso concreto de Andalucía nos encontramos con un ritmo de modernización menos acelerado que en el de otras regiones españolas. Si España estaba en la "periferia" europea, Andalucía estaba en la "periferia" española. La distribución de la propiedad en la baja Andalucía a finales del siglo XVIII y principio del XIX aparecía repartida entre la Iglesia (manos muertas,) la corona (tierras de realengo), y la nobleza (tierras señoriales). Quedaban las tierras dependientes del municipio (tierras comunales). Delos tres tipos de propietarios estamentales -nobleza, clero y corona- y un cuarto tipo de propietario corporativo -el municipio-, son los bienes de realengo y los municipales los que sufren merma y detrimento, en cambio no cesaron de acrecentarse las tierras eclesiásticas y señoriales. La idea y la esperanza del reparto de tierras en Andalucía presidieron las luchas campesinas contemporáneas; puede decirse que constituye una de las señasde identificación de las aspiraciones del campesinado andaluz cada vez que las circunstancias históricas permitieron que tales aspiraciones pudieran tener posibilidades de ejecución. El "reparto", en cierta forma, ha entrado a formar parte de la mítica y mística campesina de Andalucía. Con las desamortizaciones el latifundismo se extiende, superando los márgenes históricos del valle del Guadalquivir, mientras que el minifundio se dio mayormente en la Andalucía penibética.

La privatización de fincas rústicas afectó a una extensión equivalente al 25% del territorio español. El cometido financiero fue cubierto satisfactoriamente, a juzgar por las cantidades que Hacienda percibió en títulos y en metálico por la venta de los bienes desamortizados (14.435 millones de reales). La extracción social de los compradores, restringida inicialmente a los círculos más acaudalados, se diversificó a medida que se cubrían las etapas del proceso. En conjunto, no obstante, fueron los miembros de la burguesía (comerciantes, hombres de negocios, profesiones liberales y campesinos acomodados) quienes capitalizaron las fincas más preciadas y de mayor extensión. Por el contrario, tanto el campesino pobre como el colono dispusieron de menores posibilidades de acceso a la propiedad. La desamortización de fincas urbanas (casas, edificios conventuales) contribuyó a la transformación del modelo de ciudad del siglo XIX: de la ciudad conventual, marcada por el predominio del caserío amortizado y el tono hegemónico de los edificios religiosos, a la ciudad burguesa, caracterizada por la desaparición del viejo caserío, su crecimiento en altura, la apertura de nuevas vías, la presencia de los edificios públicos y los ensanches. La legislación previó para los edificios conventuales destinos tan diversos como la conservación para uso parroquial o público (conversión en museos, cuarteles, hospitales), la demolición para la apertura de nuevas calles o el ensanche de las existentes, o su mera inclusión entre los bienes nacionales sujetos a la privatización. El patrimonio mueble corrió la misma suerte: fue reservado como parte de la memoria histórica nacional (creación de museos).

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